PORQUE ALGUNOS GRUPOS DE RESCATE INTERNACIONAL NO HAN PODIDO INGRESAR A COLOMBIA ?

Corprensa Colombia | Investigación periodística

La discusión sobre la llegada de brigadas extranjeras tras el terremoto del 10 de agosto no debería convertirse en una disputa entre partidos. En una emergencia de esta magnitud, la prioridad debe ser una sola: salvar vidas.

El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció buena parte del occidente de Colombia abrió, además de una tragedia humanitaria, un intenso debate sobre la decisión inicial del Gobierno Nacional de no autorizar de manera inmediata el ingreso de determinados equipos internacionales de búsqueda y rescate.

En medio de las críticas, las posiciones políticas y las redes sociales, es necesario separar la controversia partidista de los argumentos técnicos que existen detrás de una operación internacional de rescate.

No se trata, al menos desde el punto de vista formal, de determinar qué país es amigo o enemigo de Colombia, ni de establecer qué gobierno pertenece a una determinada corriente ideológica. Se trata de establecer qué equipos pueden ingresar, bajo qué protocolos, quién coordina sus operaciones y qué capacidades necesita realmente el país en cada zona afectada.

La primera explicación: Colombia cuenta con capacidad propia.

Colombia dispone de equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR —Urban Search and Rescue—, además de cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otros organismos que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La metodología nacional está relacionada con los estándares internacionales de INSARAG, organismo de Naciones Unidas que desarrolla mecanismos para mejorar la coordinación de las operaciones internacionales de búsqueda y rescate.

La propia documentación de la UNGRD explica que Colombia cuenta con un punto focal político y operativo ante INSARAG y que el país ha desarrollado un sistema nacional de preparación y respuesta USAR.

Por esa razón, una de las consideraciones iniciales de las autoridades fue determinar si las capacidades nacionales estaban realmente desbordadas antes de solicitar o autorizar masivamente equipos extranjeros.

Esto tiene una explicación operacional: en una zona devastada, más personas no necesariamente significan una respuesta más eficiente.

Cada equipo internacional necesita transporte, alojamiento, alimentación, comunicaciones, seguridad, combustible, coordinación, información sobre los edificios afectados y un enlace permanente con las autoridades colombianas. Si esas condiciones no existen, el personal que llega para ayudar puede terminar consumiendo recursos que deberían estar destinados directamente a las víctimas.

INSARAG y la discusión sobre las certificaciones

Uno de los puntos que más controversia ha generado es el requisito de acreditaciones y certificaciones internacionales.

INSARAG establece una metodología común para que los equipos de distintos países puedan trabajar coordinadamente durante una emergencia. Sus lineamientos buscan precisamente evitar que, en medio del caos producido por un terremoto, cada brigada opere de manera independiente.

Sin embargo, aquí aparece una precisión importante para el debate público: no todos los equipos capaces de realizar labores de rescate tienen necesariamente la misma clasificación internacional ni participan de la misma manera en los mecanismos de INSARAG.

Por eso, la discusión no debería reducirse a decir que un grupo es "bueno" y otro "malo", o que un país está dispuesto a ayudar y Colombia simplemente lo rechaza.

La pregunta técnica es otra:

¿Ese equipo cumple las condiciones necesarias para integrarse al sistema de comando colombiano, puede demostrar sus capacidades, tiene la documentación requerida y puede ser desplegado en el lugar donde realmente se necesita?

Colombia, de hecho, tiene experiencia internacional en este campo. Bomberos de Bogotá ha participado en operaciones de búsqueda y rescate fuera del país y ha trabajado junto con organismos nacionales e internacionales bajo metodologías especializadas.

¿Y qué ocurrió con México?

Este es uno de los casos que mayor discusión ha provocado.

México ofreció asistencia a Colombia después del terremoto y una brigada del Ejército mexicano manifestó su disposición para participar en las labores de rescate. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló públicamente que el equipo estaba encontrando dificultades para ingresar debido a la solicitud colombiana de una certificación adicional.

Al mismo tiempo, brigadas civiles mexicanas como los llamados Topos sí lograron llegar a algunas zonas afectadas mediante gestiones locales, aunque su situación no fue exactamente la misma que la de una misión oficial enviada por un gobierno extranjero.

Esta diferencia es fundamental.

Una brigada civil, un equipo militar extranjero y un equipo USAR internacional no necesariamente ingresan bajo las mismas condiciones jurídicas, diplomáticas y operativas.

Por eso no resulta correcto comparar automáticamente a todos los grupos como si fueran exactamente la misma clase de ayuda.

¿Colombia prefirió ayuda material?

En las primeras horas de la emergencia, la estrategia internacional estuvo orientada principalmente hacia la recepción de ayuda humanitaria, médica y logística.

Entre las necesidades planteadas estuvieron elementos como hospitales de campaña, suministros médicos y otros recursos necesarios para atender a la población afectada.

La decisión respondía a una lógica de evitar una llegada desorganizada de personal extranjero cuando todavía se estaba levantando el diagnóstico de daños y determinando dónde se encontraban las mayores necesidades.

El problema es que en una tragedia de esta magnitud, el tiempo también es un factor técnico.

A medida que transcurren las horas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas disminuyen. De allí que la discusión sobre cuándo solicitar ayuda internacional no pueda considerarse un asunto meramente administrativo.

El factor más delicado: la coordinación

La emergencia ocurrió prácticamente al comienzo de un nuevo Gobierno Nacional, circunstancia que hizo todavía más compleja la coordinación institucional.

Algunos análisis periodísticos han señalado dificultades relacionadas con la transición administrativa y la organización de la respuesta nacional.

Pero aquí Corprensa Colombia considera necesario hacer una distinción:

una deficiencia administrativa, una decisión técnica equivocada o una demora burocrática no pueden calificarse automáticamente como una decisión partidista.

Para afirmar que una ayuda fue rechazada por razones políticas se necesitarían pruebas concretas que demuestren que el criterio utilizado fue la orientación ideológica del país oferente y no sus condiciones técnicas, diplomáticas u operativas.

Hasta ahora, la polémica pública ha producido sospechas y cuestionamientos, pero eso no debe confundirse con una prueba concluyente de discriminación política.

¿Por qué sí entraron algunos países?

La situación cambió posteriormente.

El Gobierno colombiano flexibilizó su posición y comenzó a autorizar equipos extranjeros que, según la UNGRD, cumplían las condiciones establecidas para integrarse a la respuesta internacional.

La información divulgada el 12 y 13 de agosto señala que Colombia autorizó equipos de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, bajo criterios relacionados con estándares internacionales y coordinación operativa.

La Cancillería confirmó además la llegada de los primeros equipos internacionales para apoyar las labores en las zonas más críticas.

Este cambio demuestra que la posición del Gobierno no fue una negativa absoluta y permanente a la cooperación internacional.

La discusión, entonces, se trasladó a otro punto: si los criterios utilizados inicialmente fueron demasiado restrictivos y si la evaluación de las capacidades nacionales pudo haberse realizado con mayor rapidez.

La política no puede estar por encima de la vida

En medio de la tragedia han aparecido acusaciones que intentan convertir la llegada de rescatistas en una nueva batalla entre sectores políticos.

Corprensa Colombia considera que ese camino es equivocado.

La solidaridad internacional no tiene color político.

Un rescatista mexicano que llega a Colombia para buscar una persona atrapada bajo los escombros no representa al gobierno de México, representa una posibilidad de vida.

Un bombero estadounidense, ecuatoriano, salvadoreño, israelí, venezolano, chileno o de cualquier otra nacionalidad que llega con conocimiento especializado tampoco debería ser convertido en instrumento de una disputa ideológica.

Y, del mismo modo, defender la necesidad de protocolos, certificaciones, seguridad y coordinación tampoco debería interpretarse automáticamente como una posición a favor o en contra del Gobierno Nacional.

La verdadera discusión no debería ser:

¿De qué partido es el Gobierno que aceptó o rechazó la ayuda?

La pregunta debería ser:

¿Qué necesitaba Colombia en cada momento de la emergencia y cuál era la manera más rápida, segura y eficiente de obtenerlo?

Si las capacidades nacionales eran suficientes en determinadas zonas, debían utilizarse.

Si estaban desbordadas, debía activarse inmediatamente la cooperación internacional.

Si un equipo extranjero cumplía los estándares necesarios, debía poder ingresar sin obstáculos innecesarios.

Y si otro equipo no cumplía las condiciones técnicas o administrativas requeridas, la explicación debía ser pública, transparente y verificable.

El terremoto del 10 de agosto ha dejado al país frente a una de las emergencias más difíciles de los últimos años. Las cifras de víctimas continúan aumentando y las operaciones de búsqueda y rescate siguen siendo prioritarias.

En ese contexto, Colombia necesita menos confrontación política y más coordinación.

La ayuda internacional debe ser recibida con gratitud, pero también organizada con responsabilidad.

Los equipos nacionales deben ser reconocidos por su experiencia y profesionalismo, pero tampoco debe existir un falso orgullo que impida aceptar ayuda cuando sea necesaria.

La soberanía no significa cerrar las puertas a la solidaridad, y aceptar ayuda internacional tampoco significa reconocer incapacidad.

Significa entender que frente a una tragedia de semejante dimensión, cada minuto cuenta, cada rescatista capacitado puede marcar una diferencia y cada decisión debe tener como centro absoluto la protección de la vida humana.

Desde Corprensa Colombia, hacemos un llamado a que esta discusión sea abordada con información, transparencia y responsabilidad periodística, lejos de la propaganda partidista.

Porque debajo de los escombros no hay izquierda ni derecha, oficialismo ni oposición.

Hay seres humanos esperando que alguien los encuentre.

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