EDITORIAL | 18.677 INFANCIAS ARREBATADAS: EL LIMITE MORAL DEL ACUERDO DE PAZ.

Escultura IRREPARABLE, Reclutamiento Forzado

Artista: Jhon Fitzgerald - El Escultor de la Paz

Por: Efraín Marino Rincón. Presidente de Corprensa Colombia @corprensacol @efrainmarinojr.

Colombia volvió a mirarse al espejo de su guerra. Y lo que vio fue el rostro de 18.677 niños. La reciente carta enviada por el antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que reconocen haber reclutado al menos 18.677 menores de edad durante el conflicto armado, no es un hecho menor ni un gesto simbólico más dentro del proceso de justicia transicional. Es, en términos históricos y morales, una confesión que obliga al país entero.

Durante décadas, el reclutamiento infantil fue denunciado por comunidades, organizaciones de derechos humanos y víctimas que gritaban en medio del silencio oficial y la indiferencia colectiva. Hoy, esa práctica deja de ser una disputa narrativa para convertirse en un reconocimiento formal: miles de niños y niñas fueron arrancados de sus hogares, convertidos en combatientes, mensajeros, informantes o víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales bajo una estructura armada que los necesitaba para sostener la guerra. Pero el reconocimiento, aunque histórico, no es suficiente.

Hablar de 18.677 menores reclutados es hablar de una política sistemática que atravesó generaciones, no se trató de hechos aislados ni de errores individuales, fue una práctica que, según los hallazgos de la JEP en el Caso 07, se extendió durante años y dejó heridas que aún supuran en las zonas rurales más golpeadas por la violencia.

Para muchas víctimas, la infancia terminó el día que un fusil reemplazó el cuaderno, la adolescencia fue sustituida por marchas forzadas, órdenes militares y miedo constante, en el caso de muchas niñas, además, el horror incluyó violencia sexual, embarazos forzados y abortos impuestos. Son historias que no caben en una estadística, pero que ahora encuentran respaldo en una admisión oficial, y sin embargo, desde el lado de las víctimas, la carta genera sentimientos encontrados.

Algunas ven en ella un paso necesario hacia la verdad, otras la consideran insuficiente, fría, distante, reclaman más que cifras: exigen nombres, contextos, responsabilidades individuales y, sobre todo, consecuencias claras, porque el perdón sin verdad plena es una forma de evasión, y la reconciliación sin justicia es apenas un discurso bien intencionado.

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta aquí una de sus pruebas más complejas, su mandato no es vengarse del pasado, pero tampoco puede relativizarlo, la justicia restaurativa exige reconocimiento temprano, reparación integral y garantías de no repetición; pero también exige sanciones propias que tengan un impacto real, visible y proporcional a la gravedad de los crímenes.

Y aquí es donde el país debe ser firme: el reclutamiento de menores no es un delito político, es una violación grave al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, no admite justificaciones ideológicas ni atenuantes discursivos. Cuando se recluta a un niño, se rompe el pacto más básico de una sociedad civilizada.

Las víctimas del reclutamiento no piden venganza. Piden algo más profundo: dignidad, quieren que el país reconozca que lo que vivieron no fue una anécdota de la guerra, sino una tragedia estructural, quieren acceso a salud mental, oportunidades educativas, reparación económica y acompañamiento real, quieren que sus testimonios no queden archivados en expedientes judiciales, sino que formen parte de la memoria colectiva. Y, sobre todo, quieren garantías de que ningún grupo armado —de ningún signo— vuelva a convertir la niñez en botín de guerra.

En Colombia no puede existir ambigüedad frente a este crimen, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, no es una consigna romántica; es un principio constitucional y un mandato ético que está por encima de cualquier proyecto político, incluso por encima de la paz misma si esta pretende construirse sacrificando la justicia.

Dieciocho mil seiscientos setenta y siete niños no son una cifra negociable. Son pupitres vacíos, son familias fracturadas, son vidas que jamás recuperarán la inocencia que les fue robada. La carta de las FARC abre una puerta, pero lo que ocurra ahora definirá si Colombia camina hacia una paz con justicia o hacia una reconciliación frágil sostenida por el olvido.

La paz verdadera no se construye escondiendo el dolor debajo de la alfombra institucional, se construye mirándolo de frente, nombrándolo y asumiendo las consecuencias, porque cuando una nación permite que los crímenes contra sus niños queden impunes, no solo traiciona a las víctimas: compromete su propio futuro; y ese es un riesgo que Colombia no puede volver a correr.